Santa Cruz fue sede ayer de la Cuarta Cumbre Interinstitucional Multipartidaria por la Democracia. Un debate de cinco horas generó un acuerdo en un contexto marcado por el conflicto.

Al final, hubo un nuevo acuerdo para llevar adelante las elecciones generales el domingo 17 agosto, ni un día más. La cuarta Cumbre Interinstitucional y Multipartidaria por la Democracia concluyó ayer tras unas cinco horas de debate en Santa Cruz con un entendimiento que, si bien revalida los tres anteriores, en esta ocasión se suscribe en un contexto marcado por la extrema violencia perpetrada en las protestas que promueve Evo Morales para “habilitarse” como candidato a pesar de las prohibiciones vigentes en el orden constitucional.

Ayer, todas las instituciones del Estado y los partidos políticos participantes ratificaron ese compromiso para trabajar de forma conjunta para salvaguardar el proceso electoral en medio de un clima de alta tensión social, generado, precisamente, por sectores afines al expresidente Evo Morales. De hecho, esta semana concluye con cuatro policías asesinado en Llallagua  y un civil fallecido en Cochabamba.

La resolución final del documento firmado ayer busca brindar certidumbre a la ciudadanía, golpeada en los últimos días por bloqueos, marchas y episodios de violencia. Durante el debate, los líderes admitieron que las medidas que se aplican en un contexto de crisis económica amenazan a la democracia.

La declaración también establece tareas concretas para cada órgano del Estado y pone énfasis en el respeto al Estado de Derecho como base para asegurar un proceso electoral transparente y pacífico. Para ello, todos los actores cerraron filas entorno al TSE, la entidad encargada de administrar el proceso electoral.

A su turno, el  mismo Órgano  Electoral se comprometió a ejecutar el calendario electoral de manera precisa en coordinación con el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el Ministerio Público, las organizaciones políticas y otras instituciones del Estado. A su vez, el Órgano Ejecutivo, a través de los ministerios de Gobierno, Defensa y otras instancias, asumirá la responsabilidad de garantizar la seguridad ciudadana dentro del marco de sus atribuciones constitucionales.

“Hoy, más que nunca, nuestro país necesita del coraje sereno, del diálogo sincero y del compromiso profundo con la paz. Cada grito de odio, cada acto de represión, cada gesto de intolerancia, nos aleja de lo que verdaderamente queremos: un país justo, plural, democrático y en paz”, señala la resolución en uno de sus fragmentos más destacados.

Este compromiso tiene 12 puntos en los que resaltan tareas para los poderes del Estado en cuanto a las normas que están vigentes.

El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, destacó la asistencia plena de los convocados, subrayando que ello refleja “una voluntad nacional de llevar adelante el proceso electoral”. En su intervención, advirtió sobre intentos de sabotear la democracia: “Son momentos difíciles. Hay fuerzas oscuras que complotan, no solo contra las elecciones de agosto, sino contra la democracia misma. No podemos aceptar que se atente contra lo que nos costó sangre, dolor y luto”.

Desde el Ejecutivo, el presidente Luis Arce Catacora hizo hincapié en la necesidad de garantizar un clima adecuado, no solo para el día de la votación, sino también para el desarrollo libre y seguro de las campañas electorales. “Si no se permite el ingreso de candidatos a ciertos lugares, si hay represalias o desórdenes públicos, se estará vulnerando un derecho fundamental y eso también debe ser analizado en esta mesa”, sostuvo.

Órgano Judicial

El magistrado Carlos Egüez, presidente en ejercicio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), expresó el respaldo institucional al proceso democrático: “Estamos comprometidos a garantizar unas elecciones como el pueblo boliviano espera, en coordinación con todas las instituciones”.

Por su parte, el presidente del Tribunal Constitucional, Gonzalo Hurtado, alertó sobre el riesgo de que la democracia se vea distorsionada por la violencia en las calles. “Bolivia atraviesa un momento histórico. La democracia debe ejercerse con el voto, no con la confrontación. Hemos visto jóvenes policías asesinados. El TCP se manifestará ante cualquier intento de interrumpir el desarrollo normal de las elecciones”.

Finalmente, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, aseguró que el Ministerio Público actuará de inmediato ante cualquier delito electoral u otras acciones que puedan obstaculizar el proceso: “Si se cometen hechos que vulneren los derechos de los electores, que afecten bienes del Estado o que busquen entorpecer el proceso, actuaremos con firmeza, sea de forma directa o indirecta, material o intelectual”.

El documento firmado recoge el compromiso de todos los actores —institucionales y políticos— de priorizar la pacificación, la legalidad y la participación ciudadana como pilares fundamentales para el éxito de las elecciones generales de 2025.

Créditos en agenda

El presidente del Estado Luis Arce, en su intervención durante la Cuarta Cumbre Multipartidaria e Interinstitucional, pidió dejar de lado la demagogia y aprobar en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) los créditos pendientes para garantizar todas las actividades rumbo a las elecciones generales de agosto próximo.
“Hemos escuchado atentamente mencionar que, por ejemplo, el Órgano Ejecutivo no está pudiendo cumplir ni atender como quisiera con los recursos para las elecciones en el exterior, lo que no sucede con los votantes en el país. Pero hay que decirlo, no estamos cumpliendo con la palabra empeñada, y no se ha cumplido con los convenios en una reunión similar. Estamos poniendo en riesgo las elecciones con esta conducta. Nosotros no hemos cumplido, porque la ALP no ha cumplido”, disparó el primer mandatario frente a todos los presentes en la reunión.

Arce, en tono más pasivo, manifestó: “Tenemos que ser honestos, si lo que vamos a opinar y suscribir, se va a o no a cumplir, porque si venimos solo por la foto, estamos perdiendo el tiempo. Hay muchas más cosas importantes, por eso exhorto a los presentes, a que lo que nos comprometamos, se cumpla; porque todos los que venimos tenemos el afán de que las elecciones se lleven adelante”.

En su punto sexto, la declaración de la IV Cumbre definió que el órgano legislativo, en el marco de sus competencias y atribuciones, “se compromete a probar las leyes necesarias y pertinentes para garantizar los recursos económicos para el desarrollo del proceso electoral y para el voto de las bolivianas y bolivianos en el exterior”. 

Por tanto, el encuentro resolvió que, de manera inmediata se conformará una comisión entre el Órgano Ejecutivo y el Órgano Legislativo para considerar los créditos que garanticen los recursos necesarios para el voto en el exterior.

La Asamblea Legislativa Plurinacional mantiene sin tratamiento al menos 8 proyectos de ley que establecen las condiciones para el acceso a créditos por unos 500 millones de dólares, desde hace más de un mes. Al parecer, con el compromiso, la administración de Arce conseguirá, al fin, un alivio transitorio para resolver sus  problemas.

Fuente: El Deber